Global Research, July 07, 2013
En el año 2003, la corporación Syngenta publicó un aviso publicitando
sus servicios en los suplementos rurales de los diarios argentinos
Clarín y La Nación bautizando con el nombre de “República Unida de la
Soja” a los territorios del Cono Sur en los que se sembraba soja
-Integrados por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia-. A
partir de allí, esta declaración explícita de neocolonialismo quedó como
“marca de fábrica” del proyecto que desde las corporaciones se estaba
instrumentando.
Durante el año 2012 se produjo en estos países una embestida de las
corporaciones del agronegocio sobre los territorios y las instituciones
imponiendo nuevos transgénicos, mayores riesgos por aplicación de
agrotóxicos y cambios en las políticas que sólo tiene precedentes en la
primera imposición de los transgénicos, durante la segunda mitad de los
años 90. Esta nueva avanzada corporativa se da en un marco distinto, ya
que ahora ocurre con la presencia en toda la región (por lo menos hasta
junio del año pasado) de gobiernos “progresistas” críticos del
neoliberalismo y que en algunas de sus políticas han comenzado a
modificar las políticas neoliberales impuestas en los años 90 con una
mayor presencia del Estado regulando la economía y asumiendo un rol
activo en aspectos sociales, educativos y sanitarios.
Sin embargo, en términos de modelo agrícola y producción de alimentos
no sólo no ha habido en todo este tiempo un cambio de modelo ni una
autocrítica a los problemas producidos por la implantación masiva del
cultivo de soja transgénica con alto altos niveles de uso de
agrotóxicos. Por el contrario, este modelo se ha ido consolidando y es
defendido a rajatabla por todos los gobiernos de la región que lo asumen
como política de Estado, en todos los casos. Los graves problemas que
han surgido o se han agudizado, tales como los impactos de los
agrotóxicos, los desplazamientos de campesinos y pueblos originarios, la
concentración de la tierra o la pérdida de producciones locales, son
considerados “efectos colaterales” y se abordan, cuando la presión
social lo consigue, de manera fragmentada y puntual. No incluimos en
este análisis a Bolivia, pues si bien la región de la “medialuna”, con
Santa Cruz de la Sierra a la cabeza, es parte de la “República Unida de
la Soja” las posiciones, políticas y debates planteados desde el
Gobierno de Evo Morales se diferencian ampliamente del resto de los
gobiernos (y esto le vale el enfrentamiento con estos sectores del poder
de la medialuna que claramente han planteado su intención separatista).
Ya en otros A Contrapelo 1 2 3 hemos
ido denunciando que este avance fue consolidando la imposición del
modelo productivo de los agronegocios, y el Cono Sur se ha convertido en
la región donde más transgénicos se siembran en el mundo y en la que
mayor cantidad de agrotóxicos se aplican per cápita a nivel global. En
este A Contrapelo intentaremos brindar algunas luces que ayuden a
comprender cómo se está produciendo este avance y sus consecuencias a
nivel de las comunidades campesinas y la sociedad en general.
Los impactos del “modelo” no reconocen fronteras entre el campo y la
ciudad y se sienten profundamente en ambos espacios: las poblaciones
fumigadas en los territorios rurales y en las zonas periféricas de las
ciudades, las y los campesinas/os desplazadas que día a día migran para
engrosar los cordones de pobreza de las grandes urbes, las economías
regionales destrozadas con su correlato de los altos precios de los
alimentos en las ciudades, los alimentos contaminados enfermando a unos y
a otros. En fin, una catástrofe socio-ambiental que hace agua por todas
partes y que ya no permite “mirar para otro lado”.
Los responsables de esta cadena destructiva son un puñado y tienen
nombre y apellido: Monsanto y algunas corporaciones biotecnológicas más a
la cabeza (Syngenta, Bayer); terratenientes y pooles de siembra que
controlan millones de hectáreas (Los Grobo, CRESUD, El Tejar, Maggi son
algunos de los principales); Cargill, ADM y Bunge transportando los
granos al otro lado del mundo. Y, por supuesto, los gobiernos de cada
uno de los países que apoyan de manera entusiasta este modelo. A ellos
se suman un extenso número de empresas que aprovechan el “derrame” y
proveen servicios, maquinaria agrícola, fumigaciones, insumos, etc.
En números concretos, esta región cubre en la actualidad una superficie de más de 46 millones de hectáreas de monocultivo de soja transgénica, fumigadas con más de 600 millones de litros de glifosato y provoca una deforestación de -como mínimo- 500 mil hectáreas por año.
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| Estagarribia , en la región de Boquerón de Paraguay. La agricultura industrial en esta región tan seca está volviendo tierra de cultivo magro este vasto bosque. (Foto : Friends of the Earth) |
Si bien las consecuencias de este modelo se expresan a nivel regional
de manera contundente e interconectada, intentaremos diseccionar sus
impactos para analizarlos de manera más profunda. El telón de fondo del
golpe de Estado en el Paraguay resulta insoslayable, pues es allí donde
los poderes fácticos han actuado de manera más brutal y explícita. Sin
embargo, su carácter ejemplificador es válido para toda la región y sin
duda ha intentado marcar un rumbo y un límite a los gobiernos de la
región.
Repasemos un decálogo (con complementos) de los resultados concretos e indiscutibles de esta última embestida del agronegocio.
El agronegocio mata
Este hecho se ha expresado de manera continua durante estos últimos
años y, tal como lo hemos expresado, fue en Paraguay donde más duramente
se han sentido sus impactos. Quizás podamos ubicar el pico de violencia
en la matanza de Curuguaty, perpetrada el 15 de junio del 2012 en donde
–y como resultado de tensiones y represión estatal y paraestatal-
murieron once campesinos y seis policías. La matanza fue utilizada para
emprender el juicio político y dar el golpe institucional que terminó
con la gestión del presidente Lugo.
Previo al Golpe, y más aun posteriormente, se desencadenó una ola
represiva sobre los dirigentes campesinos que -en la nueva etapa- se
comenzó a expresar bajo la forma de asesinatos selectivos que cobraron
la vida de los líderes campesinos Sixto Pérez, Vidal Vega y Benjamín
Lezcano, acribillados en un lapso de 8 meses de gobierno de Federico
Franco.4 La
CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) ha
dicho que en el caso del asesinato de Benjamín Lezcano se observa “el
mismo modus operandi que se practicó en los casos de Sixto Pérez –el
1° de septiembre pasado, en Puentesiño (Dpto. Concepción)– y de Vidal
Vega –el 1° de diciembre último, en Curuguaty (Dpto. Canindeyú). El
objetivo, igualmente, parece ser común: descabezar las organizaciones
campesinas”.5
En Argentina, durante los últimos tres años se produjeron en Santiago
del Estero tres asesinatos de campesinos ligados directamente al avance
del modelo sojero (Sandra Ely Juárez, Cristian Ferreyra y Miguel
Galván) y en la provincias de Formosa y Salta el hostigamiento a las
comunidades es permanente y sostenido.6
En Brasil, también el movimiento campesino y especialmente el MST
(Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra) han sufrido la violencia del
agronegocio y recientemente la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT)
divulgó un informe preliminar de la violencia en 2012 contabilizando 36
muertes motivadas por conflictos agrarios.7 Durante
el año 2013 ya son tres los dirigentes del MST que han sido asesinados
(Cícero Guedes dos Santos, Regina dos Santos Pinho y Fabio dos Santos
Silva).
Todo esto se da en el marco de una avanzada de la criminalización de
las luchas sociales que no sólo se expresa en la persecución y
estigmatización de los movimientos sino también en forma concreta en la
avanzada de leyes represivas. El caso de la aprobación de la Ley
antiterrorista en Argentina en diciembre del 2011 se suma a las leyes ya
existentes en varios de los países de la región.
Una de las grandes mentiras que desde las corporaciones, los medios
masivos y un sector de la academia se utilizó para justificar la
introducción de las semillas transgénicas, fue que las mismas ayudarían a
emplear menos agrotóxicos en la agricultura. Tal como muchas
organizaciones lo anunciaron durante las últimas dos décadas, la
realidad ha marcado absolutamente lo contrario y hoy en día el
incremento del uso de agrotóxicos es cada vez más alarmante y sus
impactos en toda la región son cada vez más difíciles de ocultar.
Todo esto no puede extrañarnos si asumimos el hecho evidente de que
quienes impulsan las semillas transgénicas son las corporaciones
dedicadas a la venta de agrotóxicos, con Monsanto a la cabeza, y que las
semillas transgénicas que más se cultivan tienen como característica
diferencial la resistencia a herbicidas.
Brasil está al frente de las estadísticas convirtiéndose desde el año
2008 en el mayor consumidor per capita de agrotóxicos del mundo y
responsable del 20 % de todos los agrotóxicos usados en el planeta; con
un consumo per cápita de 5,2 litros de agrotóxicos cada año.8 9.
La escalofriante cifra de 853 millones de litros de agrotóxicos
empleados durante el año 2011, con un crecimiento del mercado brasileño
del 190 % en la última década, es más que elocuente. El 55 % de este
consumo de agrotóxicos se empleó en cultivos de soja y maíz, siendo la
soja responsable del 40% del consumo total.10 Solamente el glifosato representa cerca del 40% del consumo de agrotóxicos en Brasil.
Argentina no se ha quedado atrás. Durante el año 2011 se aplicaron
238 millones de litros de glifosato que implican un incremento del 1190 %
con respecto a la cantidad utilizada en el año 1996, año en que se
introdujo la soja transgénica resistente al glifosato en el país.11
En Paraguay, que es el sexto productor mundial de soja transgénica,
el uso de glifosato en las cifras del año 2007 significó la aplicación
de más de 13 millones de litros de este agrotóxico.12
En Uruguay, también de la mano del avance de la soja transgénica las
cifras llegan a un mínimo en el año 2010 de más de 12 millones de
litros.13 Es
justamente en Uruguay donde en la actualidad, y a raíz de la
contaminación del agua en la ciudad de Montevideo, la población urbana
está comenzando a reaccionar con alarma frente a la falta de
disponibilidad de agua potable para el consumo.
El balance regional nos permite suponer un mínimo de aplicación de
más de 600 millones de litros de glifosato, cifra escalofriante y que
tiene su correlato en las innumerables denuncias que se producen cada
día por los daños ya mencionados a la salud, a los ecosistemas, a la
agricultura y a las comunidades que semejante baño de agrotóxicos
produce.
El glifosato, ampliamente promocionado por su “baja toxicidad”
por Monsanto, está siendo cuestionado por múltiples motivos entre los
cuales debemos destacar:
- El impacto en las comunidades ya es imposible de ocultar y son miles las personas que desde los “pueblos fumigados” denuncian los problemas de salud que sufren por su aplicación: nacimientos con malformaciones en aumento, intoxicaciones agudas fatales, problemas respiratorios, enfermedades neurológicas, aumento de los casos de cáncer, abortos, enfermedades de la piel, etc.
- Las investigaciones científicas independientes confirman esta grave problemática y los estudios que vinculan al glifosato con desarrollo de tumores y malformaciones en el desarrollo de embriones han sido publicadas en los últimos años en las más prestigiosas revistas científicas.
- Los efectos sobre la salud de los “coadyuvantes” usados en la preparación del Roundup, principalmente el surfactante Poea (polioxietilamina), también están demostrados y se lo asocia con daño gastrointestinal y al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos.
- Los daños ambientales del glifosato también se encuentran ampliamente confirmados en la realidad de los territorios y en las investigaciones realizadas: su vínculo con la destrucción de biodiversidad es innegable al mismo tiempo que su efecto tóxico sobre anfibios está demostrado y publicado.
- Pero tan grave como estas cifras, son las del incremento del uso de otros agrotóxicos que se emplean asociados al glifosato o para compensar su falta de acción frente al surgimiento inevitable de malezas resistentes. Así es como el empleo del paraquat ha crecido llegando a utilizarse 1,2 millones de litros en Argentina y 3,32 millones en los cinco países productores de soja. Es importante recordar que el paraquat está vinculado a desórdenes neurológicos y por esta razón fue prohibido en 13 países de la Unión Europea en el año 2003.14
Sin lugar a dudas, el empleo de agrotóxicos es otra de las formas que tiene el agronegocio de matar.
La introducción de nuevos transgénicos ligados al uso de nuevos
agrotóxicos es parte de la estrategia de las corporaciones, y ha estado a
la orden del día durante el año 2012.
El anuncio oficial de la presidenta argentina Cristina Fernández en
el Council of Americas el 15 de junio del 2012 sobre las nuevas
inversiones de Monsanto en Argentina preanunció lo que sería durante el
resto de año una catarata de proyectos, anuncios e intentos de
modificación de la legislación que marcó la agenda oficial y corporativa
durante los meses siguientes.
Así fue que en agosto del 2012 el Ministro de Agricultura Norberto
Yahuar anunció junto a ejecutivos de Monsanto la aprobación de la nueva
soja rr2 “Intacta”, que trae como novedad la acumulación de la
resistencia al glifosato con la producción de la toxina Bt. O sea que la
única novedad es la conjunción de las dos únicas características que la
industria biotecnológica logró poner en el mercado en 20 años de
existencia.
Pero además de este anuncio existen aprobaciones y ensayos de campo
de otros transgénicos, entre los que destacan los de soja y maíz
resistentes a nuevos herbicidas, entre ellos el glufosinato y el 2,4 D.
Andrés Carrasco, investigador del CONICET (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas) de Argentina planteaba hace
pocos meses con claridad la problemática: “hay un aspecto interesante a
considerar en lo inmediato en la Argentina, es que 5 de esos 10 eventos
transgénicos aprobados, 3 de maíz y 2 de soja, combinan la resistencia
al glifosato con otra al glufosinato de amonio (un bloqueante de la
síntesis del aminoácido glutamina) para reforzar los efectos de aquel.
La necesidad de asociar en las nuevas semillas el glifosato con el
glufosinato, da cuenta de las inconsistencias de la tecnología de los
transgénicos tanto en su construcción como en su comportamiento en el
tiempo. Sin embargo, se sigue huyendo hacia delante intentando remediar
las debilidades conceptuales de la tecnología transgénica, con
soluciones que tienden a ser cada vez más peligrosas”.15
En Paraguay, a pocos meses del golpe institucional, el Ministerio de
Agricultura aprobó el maíz transgénico que venía siendo resistido por
las autoridades del gobierno depuesto y que enfrenta un rechazo
explícito y contundente por parte de las organizaciones campesinas,
debido a la amenaza que representa para las muchas variedades locales de
maíz cultivadas por pueblos indígenas y campesinos. Así fue como en
octubre del 2012 se aprobaron cuatro variedades de maíz transgénico de
Monsanto, Dow, Agrotec y Syngenta.16 Ya
en el mes de agosto el presidente de facto Franco había autorizado por
decreto la importación de semillas de algodón Bt-rr, probando claramente
para quién gobernaba.
En Brasil la escalada comenzó a fines del año 2011 cuando se anunció
la aprobación por parte de la CTNBio (Comisión Técnica Nacional de
Bioseguridad) del primer frijol transgénico comercial “íntegramente
desarrollado en Brasil” y resistente al mosaico dorado del frijol. Este
evento, por ser desarrollado por una institución pública como el Embrapa
y por poseer características distintas a los transgénicos más
difundidos (Bt y rr) fue utilizado como bandera pro transgénica
destacando su importancia “social y alimenticia”.17 Sin
embargo, su aprobación ha sido fuertemente cuestionada por funcionarios
públicos, la comunidad científica y la sociedad civil. Así es que
Renato Maluf, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (Consea), cuestiona su rápida liberación en respeto al
principio de la precaución. “Creemos que es una temeridad la prisa por
liberar un producto que consumirá toda la población y sobre el cual no
tenemos certeza de seguridad alimenticia y nutricional”, lamentó.
Mientras tanto, Ana Carolina Brolo, asesora jurídica de la organización
humanitaria Tierra de Derechos, coincidió con Maluf al indicar que “fue
una aprobación comercial que tuvo como característica la falta de
respeto a la legislación nacional e internacional de bioseguridad”.18
El balance general es que la avalancha de nuevos transgénicos se ha
intensificado y en la mayor parte de los casos la misma implica su
cultivo ligado a agrotóxicos, en algunos casos los mismos que ya se
están utilizando (glifosato fundamentalmente) y, en otros, la
introducción de nuevos herbicidas aún más tóxicos y peligrosos (dicamba,
glufosinato, 2,4 D). En Brasil el Movimiento de Pequeños Agricultores
(MPA), integrante de la Vía Campesina, denunció en abril del 2012 la
pronta aprobación de semillas transgénicas de soja y maíz resistentes al
herbicida 2,4 D.19 Estas mismas semillas ya se encuentran en etapa de experimentación a campo en Argentina.
El agronegocio se propone controlar de manera absoluta las semillas
La imposición de nuevas leyes de semillas también ha estado a la
orden del día en toda América Latina, pero tuvo en Argentina, y con una
ligazón directa al acuerdo con Monsanto antes mencionado, uno de los
focos de acción más visibles y activos. El mismo día del anuncio de la
aprobación de la soja rr2 “intacta” el Ministro de Agricultura anunció
el envío de un Proyecto de Ley de Semillas para que fuera tratado en el
Congreso antes de fines del 2012.
El proyecto nunca se hizo oficialmente público, ni se sometió a un
debate amplio, si no que fue discutido a puertas cerradas dentro del
Ministerio de Agricultura por una parte de los sectores del agronegocio
argentino. Sin embargo, su contenido trascendió las fronteras del
Ministerio y su análisis permitió confirmar lo que ya se podía presumir
luego del anuncio oficial: la nueva Ley busca subordinar la política
nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) denunció que “La ley
propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad, sólo
fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un
patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades
campesinas y los pueblos indígenas; abre las puertas para que se
profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y
silvestre de Argentina; ilegaliza o restringe gravemente prácticas que
han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el
seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar
semilla libremente a partir de la cosecha anterior; fortalece las
condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos
transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin
exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión
de un carácter y otorga a las empresas semilleras el poder de policía,
ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se
observen adecuadamente”.20
La movilización de diversos sectores logró que se postergara su
presentación y debate en el Congreso Nacional; pero la amenaza de su
imposición permanece latente.
Es muy claro que controlar este primer eslabón de la agricultura es
uno de los objetivos principales de las corporaciones para de esta
manera poder tener control sobre todo el sistema agroalimentario y
garantizarse así un monopolio sin fisuras. Y también es claro que este
control impacta de manera directa sobre los pueblos, impidiendo el
ejercicio de la soberanía alimentaria y condenando al hambre a millones.
El agronegocio destruye los bosques
La deforestación en toda la región ha cobrado una escala dramática y
aún con medidas que intentan detenerla (como la Ley de Bosques en
Argentina o las regulaciones que se generan en Brasil) la misma no sólo
no se ha detenido sino que durante estos últimos años se ha
intensificado, teniendo como principal detonante el avance de la
frontera agrícola (o el desplazamiento de la frontera ganadera como
consecuencia de lo anterior).
Las cifras para Argentina nos dicen que “entre 2004 y 2012 las
topadoras arrasaron 2.501.912 hectáreas, el equivalente a 124 veces la
superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Otra forma de decir lo mismo:
en Argentina se arrasan 36 canchas de fútbol por hora. Los datos surgen
del cruce de relevamientos oficiales y de oenegés. El último informe de
la Secretaría de Ambiente de la Nación relevó el período 2006/2011 y
contabilizó que se arrasaron 1.779.360 hectáreas de monte nativo”.23
En Paraguay la situación es quizás una de las más graves en términos
de porcentaje de deforestación: por un lado, la deforestación histórica
en la región oriental que significó que entre 1945 y 1997 se perdiera el
76.3% de la cobertura boscosa original por su conversión a tierras para
la producción agropecuaria.24 Y
por otro, la actual deforestación en le región occidental (bosque
chaqueño) donde el año 2011 culminó con una pérdida de 286.742 hectáreas
de bosques, lo que superó en un 23% a la cifra de 232.000 hectáreas
deforestadas durante 2010.25
Una mirada global a esta tragedia nos permite cobrar mejor dimensión
de los que está ocurriendo: un estudio publicado por la FAO en el año
2011 26 señala
que el promedio anual de pérdida neta de bosque en el período 1990 y
2005 es de cerca de 5 millones de hectáreas (en el mundo), de los cuales
4 millones se encuentran en Sudamérica.
Aquí también el agronegocio vuelve a matar: a los ecosistemas únicos
de la región y a todos los pueblos que durante milenios han vivido,
crecido y convivido con los bosques, cuidándolos y alimentándolos.
El agronegocio concentra la tierra en pocas manos
La concentración de la tierra es otro de los fenómenos que ha
caracterizado los últimos años de implantación de la soja transgénica en
todo el Cono Sur. Países en los que ya la concentración de la tierra
era enorme vieron durante estos años como esa concentración se
profundizaba y se reducía el número de manos que la controlaban.
Fue también Paraguay, uno de los países con peor distribución de la
tierra en América Latina, donde el impacto se hizo sentir más y hoy
ostenta la escalofriante cifra de un 2 % de los productores controlando
el 85 % de la superficie agrícola. Esta situación se agrava aún más
cuando desde los países vecinos – fundamentalmente Brasil, pero también
Argentina- se está produciendo una embestida sobre sus territorios para
avanzar con el cultivo de soja transgénica.
- En Paraguay, en el 2005, el 4% de los productores de soja manejaron el 60% del total de la superficie con este cultivo.
- En Brasil, en el 2006, el 5% de los productores de soja manejaron el 59% del total del área dedicada a ese cultivo.
- En Argentina, en el 2010, más del 50 % de la producción de soja estuvo controlada por el 3% del total de productores, a través de extensiones de más de 5.000 hectáreas.
- En Uruguay, en 2010, el 26% de productores controló el 85% del total de tierras con soja. En ese mismo año, el 1% del total de los productores tuvieron a su cargo el 35% de la superficie cultivada con soja.
El modelo impuesto ha significado una profunda transformación en la
forma en que se produce la concentración de la tierra ya que en la
actualidad y en su mayor parte la misma no es adquirida si no arrendada
por los grandes productores. Por otro lado, los productores ya no son
personas físicas identificables sino pooles de siembra alimentados en su
mayor parte por grupos de inversión especulativos. Las consecuencias para las comunidades locales, campesinos y pueblos
indígenas son siempre las mismas: la expulsión de sus territorios, en
muchísimos casos a través del uso directo de la violencia, como ya hemos
compartido analizando otras facetas de este modelo.
Si bien las cifras de los expulsados son difíciles de evaluar porque
no existen estadísticas certeras para cada país y mucho menos a nivel
regional, algunos investigadores han encontrado, por ejemplo, que en
Paraguay el avance de la soja llevaría a una cantidad de familias
campesinas expulsadas que alcanzaría el número de 143 mil, más de la
mitad de las 280 mil fincas con menos de 20 hectáreas registradas en el
censo agropecuario de 1991 28 como
consecuencia del avance de las soja para alcanzar las 4 millones de
hectáreas que el agronegocio se propone. Para Argentina este modelo ha
generado un éxodo rural sin precedentes que para el año 2007 ya suponía
la expulsión de más de 200.000 agricultores y trabajadores rurales con
sus familias del agro argentino (26). En Brasil, desde la década de los
años setenta del siglo XX la producción de soja ha desplazado a 2,5
millones de personas en el estado de Paraná y a 300.000 en el de Río
Grande do Sul.29
El golpe institucional en Paraguay demuestra cómo el agronegocio, con
las corporaciones actuando junto a los terratenientes y cómplices a
nivel nacional, no se detiene frente a los avances y los límites, que
aun tímidamente, intentan instrumentar algunos gobiernos.
En Paraguay el gobierno del presidente Lugo, aún con minoría
parlamentaria, intentó desde algunas áreas de gobierno (Ministerio de
Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas – Senave) poner límites a algunas
cuestiones graves como lo son los impactos de las fumigaciones y la
aprobación de nuevos transgénicos, en especial el maíz rr y el algodón
Bt. También estableció un diálogo con las organizaciones campesinas en
la búsqueda de frenar la histórica violencia existente en el campo fruto
de la tremenda concentración de la tierra que existe en el país.
Los poderosos sectores del agronegocio agrupados en la UGP (Unión de
Gremios de la Producción), que cuenta con el apoyo de corporaciones como
Monsanto y Cargill, desató una guerra contra las autoridades
responsables de estas áreas, pidiendo su cabeza y amenazando y
ejecutando acciones públicas en ese sentido.
La matanza de Curuguaty fue la excusa que encontraron para derrocar
-de la mano de sus aliados parlamentarios- al presidente Lugo en menos
de dos horas de sesión y así imponer sus intereses en todos los ámbitos.
Así fue como junto con el presidente Lugo salieron todos los
funcionarios comprometidos con estos procesos de cambio y rápidamente se
impusieron las medidas que el agronegocio pretendía: fin a los límites a
las fumigaciones, aprobación de nuevos transgénicos, promesas de cambio
en la Ley de Semillas, etc. La reciente elección que consagró al empresario Horacio Cartés como
nuevo presidente llevando nuevamente al gobierno al partido Colorado fue
el último paso para consagrar la impunidad y el poder ilimitado del
agronegocio.
Sin embargo, en el resto de los países de la región la situación – si
bien no presenta la cruda realidad de Paraguay- también es evidente la
manera en que el agronegocio establece las políticas públicas en las
cuestiones referidas al agro y la alimentación e interfiere en cualquier
intento de modificación de las mismas desde otras perspectivas
diferentes a las de sus intereses corporativos.
Todo esto confirma algo que a nivel global se está haciendo evidente y
que se denuncia en todo el mundo: la democracia es incompatible con el
dominio del control corporativo y es necesario desmantelar sus
estructuras para poder pensar y avanzar en cualquier proceso de
democratización que privilegie el bien común.
El agronegocio somete y coloniza a las instituciones de investigación y que regulan la ciencia y tecnología en cada país
Las universidades e institutos de investigación de toda la región,
salvo honrosas excepciones, se encuentran colonizadas por el poder y los
fondos de las corporaciones del agronegocio que las utilizan como
engranaje para imponer sus transgénicos y sus modelos de producción
industrializados.
Durante el año 2012 cobró estado público y fue denunciado por la
sociedad civil el acuerdo de Monsanto con el INIA (Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria) en Uruguay para incluir en el germoplasma
de soja local que maneja el instituto transgenes propiedad de la
empresa.30 La
firma del acuerdo fue cuestionada por la Comisión Nacional de Fomento
Rural (CNFR), la gremial que agrupa y representa a los productores
familiares en la Junta Directiva del INIA y por diversas organizaciones
de la sociedad civil, entre ellas REDES-Amigos de la Tierra. El
convenio, no accesible al público, suscitó un pedido de informes por
parte de legisladores del Frente Amplio (FA).
También con posterioridad al golpe en Paraguay, el nuevo ministro de
Agricultura y Ganadería del país guaraní, Enzo Cardozo anunció que
“Paraguay va a producir su propia semilla transgénica que va a estar a
disposición de todos los productores”. La producción estaría a cargo del
Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA), que recibiría
“transferencia tecnológica” de Monsanto, para la cual el gobierno
comandado por el presidente de facto Federico Franco pagaría un monto a
convenirse.31
Pero Monsanto ya posee acuerdos de “cooperación” con instituciones
públicas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil desde mucho antes de
esta última avanzada y las utiliza como mano de obra barata para sus
investigaciones y como cadena directa para realizar la “extensión rural”
de sus transgénicos. De la misma manera muchos de los funcionarios
políticos actúan como brazo ideológico de las corporaciones en sus
intentos de imponerse, siendo un caso paradigmático el del Ministro
argentino de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, que no pierde ocasión
para ejercer su descarado lobby pro-transgénico.
La agricultura industrial es una actividad extractivista porque sus principios se basan en considerar a los suelos un sustrato inerte del que se extraen nutrientes (proteínas y minerales) sobre la base de la utilización de tecnología y productos químicos sin respetar a los suelos como organismos vivos ni reponer los nutrientes extraídos de forma natural.
Este extractivismo se expresa de manera brutal con el cultivo de soja transgénica pues ni el discurso de la “siembra directa” puede encubrir la cruda realidad de que la soja no devuelve ni remotamente la cantidad de nutrientes que extrae a los suelos, ni puede la siembra directa sostener la estructura y capacidad de retención de agua de los mismos.
Ya en otros documentos hemos compartido la forma en que en Argentina se están degradando los suelos y se están extrayendo millones de toneladas de nutrientes y miles de millones de litros de agua.32
Veamos algunas de las cifras concretas solamente para Argentina (los valores no están disponibles para los otros países):
El monocultivo de soja repetido año tras año en los campos produce una intensa degradación de los suelos con una pérdida de entre 19 y 30 toneladas de suelo en función del manejo, la pendiente del suelo o el clima.
