Los juicios violaron el derecho internacional al no contar con asistencia de sus consulados
El Tribunal Supremo de Estados Unidos revisa la legalidad de la condena de 51 mexicanos que están en el corredor de la muerte y cuyos juicios han sido puestos en duda por el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
ANDY ROBINSON - 29/03/2005
Corresponsal NUEVA YORK
En un caso que servirá para probar de nuevo el grado de compromiso de Estados Unidos con los convenios de derecho internacional, el Tribunal Supremo empezó a considerar ayer la legalidad de ejecutar a 51 ciudadanos mexicanos que se encuentran en el corredor de la muerte pese a que sus juicios violasen el derecho internacional tal y como lo define el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Los mexicanos fueron procesados y condenados a la pena máxima sin que se les ofreciera la posibilidad de consultar con diplomáticos de su país de origen, lo cual constituye una violación de sus derechos, según ha fallado el Tribunal Internacional con sede en La Haya.
El Supremo norteamericano estudiará concretamente el caso del ciudadano mexicano José Medellín, condenado hace 12 años a muerte en el estado de Texas por asesinato. Medellín, al igual que otro medio centenar de condenados mexicanos, no tuvo la oportunidad de ser asesorado por representantes del cónsul mexicano en Texas antes de ser procesado. No se espera una decisión por parte de este tribunal -el órgano jurídico máximo de Estados Unidos- hasta los meses de mayo o junio.
El Gobierno mexicano y grupos de defensa de los derechos humanos sostienen que el cumplimiento de Estados Unidos con el llamado convenio de Viena sobre Relaciones Consulares firmado en 1963 con la participación de Estados Unidos supondría la anulación de la sentencia y el derecho a un nuevo juicio de Medellín y otros 50 mexicanos que esperan en el corredor de la muerte en nueve de los treinta y ocho estados en los que la pena capital es legal.
El caso vuelve a plantear la cuestión de si Estados Unidos bajo la Administración de George W. Bush mantendrá la tendencia manifestada en ocasiones anteriores de excluirse progresivamente de los convenios internacionales sobre derechos procesales y concretamente la legalidad internacional de la pena de muerte y el derecho a la vida de presos en Estados Unidos. El mes pasado, tras una serie de protestas internacionales, el Supremo declaró ilegal la ejecución de menores de edad, lo que desató protestas airadas en los feudos conservadores de la Administración Bush.
Samp, el abogado que representa a la familia de una de las dos mujeres violadas y asesinadas por Medellín en Houston en 1994, según el juicio celebrado. Un total de 118 ciudadanos de nacionalidad extranjera y oriundos de 32 países se hallan en el corredor de la muerte en Estados Unidos.
El presidente Bush optó por una solución salomónica a finales de febrero. Citando su derecho constitucional de tener la última palabra sobre la política exterior de Estados Unidos, respaldó los argumentos de México en favor de que el tribunal del estado de Texas celebrase una sesión en la que Medellín tuviese la oportunidad de explicar por qué la falta de acceso a un diplomático mexicano antes de su juicio le perjudicó, de acuerdo con lo que estipula el convenio de Viena. El presidente justificó su decisión no porque el convenio de Viena resulte vinculante sino para mostrar buena voluntad. A la vez, anunció la retirada de Estados Unidos de la sección del convenio que concede la última palabra al Tribunal de La Haya.
Pero las autoridades jurídicas del estado de Texas sostienen que el presidente Bush carece de poderes para forzar la anulación de la pena e insisten en que José Medellín debe de ser ejecutado sin otro juicio. "Es indignante. Mis clientes han esperado doce años a ver justicia y ahora, tras la decisión del presidente, tendrán que esperar más", dijo Samp, que cree que el Supremo apoyará a Texas en contra del presidente.
Sin embargo, Lori Damrosch, experta jurídica de la Universidad de Columbia de Nueva York, dijo en declaraciones al Washington Post que "no debe ser tan sorprendente que el presidente haya dicho que vamos a cumplir con nuestras obligaciones internacionales". Según la Constitución estadounidense, los tratados internacionales forman "la ley suprema de la nación y los jueces de cada estado estarán vinculados a ellos", añadió.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos revisa la legalidad de la condena de 51 mexicanos que están en el corredor de la muerte y cuyos juicios han sido puestos en duda por el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
ANDY ROBINSON - 29/03/2005
Corresponsal NUEVA YORK
En un caso que servirá para probar de nuevo el grado de compromiso de Estados Unidos con los convenios de derecho internacional, el Tribunal Supremo empezó a considerar ayer la legalidad de ejecutar a 51 ciudadanos mexicanos que se encuentran en el corredor de la muerte pese a que sus juicios violasen el derecho internacional tal y como lo define el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Los mexicanos fueron procesados y condenados a la pena máxima sin que se les ofreciera la posibilidad de consultar con diplomáticos de su país de origen, lo cual constituye una violación de sus derechos, según ha fallado el Tribunal Internacional con sede en La Haya.
El Supremo norteamericano estudiará concretamente el caso del ciudadano mexicano José Medellín, condenado hace 12 años a muerte en el estado de Texas por asesinato. Medellín, al igual que otro medio centenar de condenados mexicanos, no tuvo la oportunidad de ser asesorado por representantes del cónsul mexicano en Texas antes de ser procesado. No se espera una decisión por parte de este tribunal -el órgano jurídico máximo de Estados Unidos- hasta los meses de mayo o junio.
El Gobierno mexicano y grupos de defensa de los derechos humanos sostienen que el cumplimiento de Estados Unidos con el llamado convenio de Viena sobre Relaciones Consulares firmado en 1963 con la participación de Estados Unidos supondría la anulación de la sentencia y el derecho a un nuevo juicio de Medellín y otros 50 mexicanos que esperan en el corredor de la muerte en nueve de los treinta y ocho estados en los que la pena capital es legal.
El caso vuelve a plantear la cuestión de si Estados Unidos bajo la Administración de George W. Bush mantendrá la tendencia manifestada en ocasiones anteriores de excluirse progresivamente de los convenios internacionales sobre derechos procesales y concretamente la legalidad internacional de la pena de muerte y el derecho a la vida de presos en Estados Unidos. El mes pasado, tras una serie de protestas internacionales, el Supremo declaró ilegal la ejecución de menores de edad, lo que desató protestas airadas en los feudos conservadores de la Administración Bush.
Samp, el abogado que representa a la familia de una de las dos mujeres violadas y asesinadas por Medellín en Houston en 1994, según el juicio celebrado. Un total de 118 ciudadanos de nacionalidad extranjera y oriundos de 32 países se hallan en el corredor de la muerte en Estados Unidos.
El presidente Bush optó por una solución salomónica a finales de febrero. Citando su derecho constitucional de tener la última palabra sobre la política exterior de Estados Unidos, respaldó los argumentos de México en favor de que el tribunal del estado de Texas celebrase una sesión en la que Medellín tuviese la oportunidad de explicar por qué la falta de acceso a un diplomático mexicano antes de su juicio le perjudicó, de acuerdo con lo que estipula el convenio de Viena. El presidente justificó su decisión no porque el convenio de Viena resulte vinculante sino para mostrar buena voluntad. A la vez, anunció la retirada de Estados Unidos de la sección del convenio que concede la última palabra al Tribunal de La Haya.
Pero las autoridades jurídicas del estado de Texas sostienen que el presidente Bush carece de poderes para forzar la anulación de la pena e insisten en que José Medellín debe de ser ejecutado sin otro juicio. "Es indignante. Mis clientes han esperado doce años a ver justicia y ahora, tras la decisión del presidente, tendrán que esperar más", dijo Samp, que cree que el Supremo apoyará a Texas en contra del presidente.
Sin embargo, Lori Damrosch, experta jurídica de la Universidad de Columbia de Nueva York, dijo en declaraciones al Washington Post que "no debe ser tan sorprendente que el presidente haya dicho que vamos a cumplir con nuestras obligaciones internacionales". Según la Constitución estadounidense, los tratados internacionales forman "la ley suprema de la nación y los jueces de cada estado estarán vinculados a ellos", añadió.
http://www.lavanguardia.es/web/20050329/51180413961.html
La Vanguardia, internacional, 29 de marzo de 2005, Madrid, España.
